La Procuración del Tesoro Nacional inició una investigación, con purga incluida, tras considerar que hubo “filtraciones” internas en el litigio internacional por la expropiación de YPF, con sede de Nueva York. Así lo confirmaron fuentes del Gobierno, que anticiparon que despedirán a quienes sean individualizados como responsables de una eventual “venta de información” al fondo Burford.

En paralelo, el miércoles a última hora se conoció un comunicado oficial de la Procuración del Tesoro que confirmó la puesta en marcha de “una inmediata reestructuración institucional para eficientizar su funcionamiento” y “contribuir a la reducción del gasto público”, con lo cual justificó “más de 60 desvinculaciones“ del organismo, que concentra a los abogados del Estado. Esta medida fue oficializada horas más tarde en el Boletín Oficial.

Ante la consulta de LA NACION, fuentes de la Procuración del Tesoro explicaron que esos despidos se sumaron desde el comienzo de la administración libertaria, en diciembre de 2023, al tiempo que se abstuvieron de precisar cuántos se registraron en los últimos días u horas y podrían estar vinculados a las filtraciones. “Sin comentarios”, se limitaron a señalar.

En el comunicado de la Procuración del Tesoro también habían explicado que redujeron de seis a cuatro direcciones nacionales dentro de su organigrama, además de la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.

Más temprano, en la Casa Rosada habían adelantado que la purga por las sospechas en el caso YPF estaba siendo llevada adelante por Santiago Castro Videla, el segundo procurador del Tesoro de la administración libertaria. Castro Videla asumió en febrero pasado tras la sorpresiva salida de Rodolfo Barra.

“Se está haciendo una purga. Creemos que hubo filtraciones en el caso YPF”, dijeron sobre el caso. Desde allí completaron resaltando que en la Procuración del Tesoro se llevan adelante casos que implican miles de millones de dólares para el país y por ende las filtraciones de estrategias judiciales que son reservadas podrían conllevar a fuertes daños al erario público.

Las fuentes consultadas explicaron que si bien no hay forma de saber para quién se realizó exactamente la filtración de información reservada, consideraron “razonable” que haya podido ser para Burford Capital, el fondo que adquirió los detalles del reclamo de los accionistas minoritarios de YPF.

Una de las principales hipótesis que se manejan en el caso es la “posible venta de material” a las partes interesadas, sumaron los voceros oficiales.

En el Gobierno, desde que recrudeció el caso, dos semanas atrás, son especialmente herméticos con la información que dejan trascender, en favor de privilegiar el éxito de la estrategia judicial. Pese a eso se dieron -según afirmaron- las filtraciones, por lo que comenzaron las sospechas a lo que sucedía en las capas de la Procuración del Tesoro que podrían llegar a tener acceso a la información.

Sospechas oficiales

La información que supuestamente fue filtrada era de carácter interno y reservado, por lo que nunca debió hacerse pública. Los hechos denunciados por la gestión libertaria se dieron en el marco de medidas que el Estado argentino vino llevando a cabo en los últimos días para frenar la decisión judicial que complica la suerte de la petrolera.

Por el momento, en la Casa Rosada evitaban apuntar señalar o apuntar a algún sector en particular, aunque había quienes aludieron por lo bajo y extraoficialmente al paso del kirchnerista Carlos Zannini por la Procuración en tiempos de Alberto Fernández, y a quienes hayan trabajado con él y seguido en el organismo.

Precisamente sobre Zannini se reactivó una investigación judicial en las últimas horas que lo involucra por presuntas irregularidades en el proceso de reestatización de la petrolera durante el gobierno de Cristina Kirchner, que derivó en el conflicto legal actual con sede en Nueva York.

El reclamo por la expropiación de YPF lleva más de diez años en la justicia estadounidense y se reactivó con fuerza dos semanas atrás. Fue luego de que se conociera la decisión de la jueza de Nueva York Loretta Preska, que ordenó al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de la compañía a los fondos Burford y Eton Capital.

Desde entonces, el Gobierno avanzó con diferentes medidas: pidió la suspensión y confirmó una apelación sobre la cuestión de fondo. En tanto que el martes la Argentina logró que haya una suspensión administrativa temporal de la orden de entregar las acciones. Por otro lado, el Gobierno niega de forma contundente que haya negociaciones con los fondos Burford y Eton Park.