La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, defiende ante la justicia de Florida un contrato con el bufete Reyes Law Firm, de Coral Gables, que cobra un porcentaje de lo recuperado en decomisos civiles y no recibe pago si no hay recuperación, según documentos judiciales citados por The Miami Herald.

El conflicto legal que enfrenta la sheriff de Miami-Dade

• Empresas distribuidoras de celulares con cuentas incautadas sostienen que ese incentivo vulnera el debido proceso.
• Una jueza rechazó descalificar al bufete y el caso está en apelación. En disputa hay más de 45 millones de dólares incautados y otros fondos que la oficina busca decomisar.

Cómo funciona el contrato de honorarios por contingencia entre la sheriff y el bufete

El acuerdo está fechado el 30 de junio de 2025 y dirigido a Cordero-Stutz, según Univision, que tuvo acceso al documento.

La remuneración depende de una sentencia definitiva o de un acuerdo firmado que transfiera a la oficina los derechos sobre los bienes incautados. El abogado a cargo es Israel «Izzy» Reyes, expolicía, exfiscal y exjuez que le tomó juramento a la sheriff en 2025.

Un esquema similar rige con la Policía de Coral Gables. Su jefe, Ed Hudak, dijo al Herald que ahorra dinero público porque el bufete absorbe el costo de los casos perdidos y que él decide si avanzar.

Qué montos están en juego en los decomisos y por qué las cifras no coinciden

Según el Herald, el bufete presentó 16 acciones de decomiso, 14 de ellas en un solo día, contra las cuentas bancarias completas de varios distribuidores y minoristas de celulares.

De los 45,2 millones incautados, 42,7 millones corresponden a SH Americas LLC.

Las incautaciones surgieron de una investigación de la oficina sobre dos ciudadanos chinos y una presunta red acusada de lavar dinero del narcotráfico mediante los distribuidores. Nadie en las empresas ha sido acusado.

La oficina busca decomisar además otros fondos que, según argumenta, fueron transferidos a terceros. Univision cifra esa suma en 2.468 millones de dólares. El Herald y The Center Square, que cita al Goldwater Institute, hablan de 2.600 millones.

Las empresas proyectan honorarios de 9 a 13 millones de dólares por lo ya incautado y unos 480 millones si se decomisaran los 2.600 millones adicionales. Univision aclara que son proyecciones de los demandantes, no honorarios cobrados.

Qué dice la ley de Florida sobre decomisos civiles y qué sigue en la apelación

La ley estatal aprobada en 2016, vigente desde el 1 de julio de ese año, permite incautar bienes solo si el propietario es arrestado o se da una de las excepciones que enumera, entre ellas que el bien sea un instrumento monetario.

Según el texto de esa ley, decidir si se inicia un decomiso civil es responsabilidad exclusiva del jefe de la agencia o su designado.

La abogada de la sheriff, Lauri Waldman Ross, sostiene que el esquema es válido porque la oficina supervisa y decide qué casos perseguir y qué acuerdos aceptar.

Quien sufre una incautación no tiene derecho a un abogado de oficio y debe gastar miles de dólares para recuperar lo retenido, según Timothy Sandefur, del Goldwater Institute, citado por el Herald.

El caso está ante el Tercer Distrito de la Corte de Apelaciones de Florida, donde la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Goldwater Institute y asociaciones de abogados defensores presentaron escritos contra el esquema.

La oficina no logró que se desestimen los recursos, según Univision, y no comenta litigios abiertos. Las fuentes consultadas no informan una fecha para la decisión.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.